Nuestro país cuenta con una larga y rica tradición cooperativa. Desde los sectores agropecuario, financiero, seguros, vivienda y consumo, hasta las cooperativas de trabajo, sociales y de artistas, el movimiento cooperativo uruguayo ha demostrado su capacidad de generar empleo digno, fomentar la equidad y fortalecer el tejido social en nuestras comunidades.
Las cooperativas encarnan valores esenciales como la solidaridad, la democracia y la autogestión. En tiempos de crisis económica y social, han demostrado ser una alternativa viable y sustentable para la generación de ingresos y el acceso a bienes y servicios fundamentales. En este sentido, resulta prioritario que el Estado continúe apoyando y fortaleciendo este modelo a través de políticas públicas que faciliten su desarrollo y consolidación.
Las Naciones Unidas han reconocido en reiteradas ocasiones el papel estratégico de las cooperativas para el desarrollo económico y social. La Resolución 56/114 de la Asamblea General de la ONU declaró el Año Internacional de las Cooperativas en 2012, destacando su contribución al crecimiento sostenible y a la erradicación de la pobreza. Asimismo, la Resolución 64/136 enfatizó la importancia del sector cooperativo en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y, posteriormente, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Organismos como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) han resaltado el impacto de las cooperativas en la generación de empleo digno y la promoción de la equidad, mientras que la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) ha trabajado activamente en la defensa y promoción de este modelo a nivel global.
Durante la dictadura en Uruguay (1973-1985), las cooperativas jugaron un papel clave en la resistencia y el sostenimiento de muchas comunidades, manteniendo espacios de solidaridad y apoyo mutuo en un contexto de represión y vulneración de derechos. A pesar de las restricciones impuestas por el régimen, muchas cooperativas lograron subsistir y ser refugios de organización social y económica. Con la recuperación democrática, el movimiento cooperativo tuvo un papel fundamental en la reconstrucción del país, contribuyendo a la generación de empleo y al fortalecimiento de la participación ciudadana, consolidándose como un pilar esencial del modelo de desarrollo inclusivo y sustentable.
Un hito fundamental en la historia del cooperativismo uruguayo fue la sanción de la Ley 18.407 en 2008, que estableció un marco jurídico moderno y adecuado para la promoción, regulación y desarrollo del sector cooperativo en el país. Esta normativa no solo reafirmó la importancia del cooperativismo en la economía nacional, sino que también impulsó la creación del Instituto Nacional del Cooperativismo (INACOOP), organismo clave para la coordinación y promoción de políticas públicas dirigidas al sector. Desde su creación, INACOOP ha jugado un papel central en la capacitación, financiamiento y apoyo técnico a las cooperativas, permitiendo su consolidación y expansión en diversos ámbitos de la economía.
Según datos del Instituto, existen un total de 3800 organizaciones cooperativas a lo largo y ancho del territorio nacional ( Artigas 85, Canelones 396, Cerro Largo 85, Colonia 135, Durazno 62, Flores 44, Lavalleja 65, Maldonado 144, Montevideo 1784, Paysandú 162, Rio Negro 98, Rivera 41, Rocha 67, San José 80, Salto 237, Soriano 99, Tacuarembó 117 y Treinta y Tres 46. Cerca de un millón de uruguayos y uruguayas están vinculados, de una u otra forma, al sector cooperativo.
En materia de trabajo y empleo cabe mencionar que hubo un aumento sostenido en el período 2019/2023, pasando de 22880 puestos a 27754. Durante la pandemia no solo mantuvo los puestos de trabajo, sino que los mismos tuvieron un crecimiento pasando de 22.880 en 2019 a 23.282 en 2020 . Esto es destacable en el contexto nacional marcado por la pandemia, donde se perdieron unos 60.500 puestos de trabajo entre 2019 y 2020.
Esto demuestra que no sólo son una herramienta económica, sino también una estrategia clave para la cohesión social y la construcción de una sociedad más justa.
En el marco del Año Internacional de las Cooperativas, el Poder Ejecutivo ha dispuesto la creación del Comité por el Año Internacional de las Cooperativas mediante el Decreto 995/2025. Este comité reúne a diversos actores claves, incluyendo ministerios, universidades, la ANEP, la Comisión Especial del Cooperativismo y el movimiento cooperativo organizado en CUDECOOP. La conformación de este espacio representa una gran oportunidad para fortalecer la articulación interinstitucional y potenciar las políticas de promoción y desarrollo del cooperativismo en Uruguay, asegurando un enfoque integral y coordinado en la implementación de acciones concretas en beneficio del sector.
Sin embargo, no podemos ser complacientes. A pesar de los avances, las cooperativas enfrentan desafíos significativos, como el acceso a financiamiento, la modernización tecnológica, la innovación y la necesidad de una mayor difusión del modelo cooperativo entre las nuevas generaciones. En este sentido, debemos redoblar esfuerzos para promover la educación cooperativa en todos los niveles, asegurando que los jóvenes conozcan y valoren esta forma de organización económica y social.
Por ello, instamos a reforzar la agenda legislativa y las políticas públicas que favorezcan el fortalecimiento del cooperativismo en nuestro país. Es imperativo seguir impulsando iniciativas que promuevan la creación y consolidación de cooperativas, así como fomentar el acceso a mercados y el financiamiento adecuado para su desarrollo.
Finalmente, quisiera resaltar que el Año Internacional de las Cooperativas no es sólo una celebración, sino una oportunidad para renovar nuestro compromiso con un modelo que ha demostrado su viabilidad y eficacia en la construcción de sociedades más equitativas y sostenibles.
Por Carlos Reyes
Diputado por Canelones (2025-2030)
Fragmento de Intervención en la Cámara de Diputados en referencia a la celebración del Año Internacional de las Cooperativas en Uruguay.
