Nuestra historia

La Federación de Cooperativas de Producción del Uruguay (FCPU) fue fundada el 15 de Diciembre de 1962, en la Unidad Cooperaria
Nro 1 Cololó, departamento de Soriano.
Las cooperativas que participaron de la fundación fueron: COPAY, COOPRU, CODARVI, COTAME y la Unidad Cooperaria Nro 1 COLOLÓ.

El movimiento de cooperativas nació por la iniciativa de los trabajadores que intentaban defender su fuente de trabajo como consecuencia de la quiebra o falta de rentabilidad de las empresas privadas a las que pertenecían. También existen otras cooperativas que surgieron por su adhesión a los valores filosóficos cooperativos, pero en todos los casos, se genera una relación laboral en forma solidaria, donde los instrumentos de trabajo son de propiedad colectiva.

Es de este movimiento que surge como necesidad de crear una mayor conciencia de pertenencia al movimiento y para el fomento del cooperativismo de producción la Federación de Cooperativas de Producción del Uruguay, como entidad gremial representativa del mismo, fundada el 15 de diciembre de 1962.

Unidad Cooperaria Nº1 Cololó

Historia del Movimiento Cooperativo en Uruguay

Diferentes autores coinciden en identificar antecedentes cooperativos en Uruguay ya en el año 1870 impulsadas por la oleada de inmigrantes provenientes de Europa. Los primeros antecedentes registrados establecen que en mayo de 1870 un grupo de obreros tipográficos creó una Sociedad de Socorros Mutuo, idea que luego fue imitada en 1877 por empleados del ferrocarril. En junio de 1885 se crea el Círculo Católico de Obreros con finalidades similares.

A nivel mundial, se reconoce como fecha de nacimiento del cooperativismo moderno al año 1844, en el que 28 obreros tejedores del condado de Lancaster (Inglaterra) crean la “Sociedad Equitativa de los Pioneros de Rochdale”, con la finalidad de establecer un almacén de comestibles y ropas, fabricar juntos los artículos más necesarios y destinar una parte de los beneficios a la instrucción de los socios y sus familias.

Cooperativa de Transporte de Paysandú (COPAY)

Es en 1889 que se reconoce la primer cooperativa de consumo fundada en la “Ciudad Vieja” de Montevideo por el señor Cándido Róbido. A partir de esta primera experiencia cooperativa, entre fines del siglo XIX y comienzos del XX se desarrollaron otras experiencias:
1889 Cooperativa obrera tipográfica (Montevideo).
1903 Cooperativa Obrera de Consumo del Frigorífico Liébig de Fray Bentos (Río Negro).
1909 Cooperativa de consumo “La Unión” integrada por obreros textiles de Juan Lacaze (Colonia).

En esta primera etapa, las experiencias cooperativas en sentido estricto no son muchas, pero si lo suficientemente impactantes como para permitir su evolución posterior. Estas primeras formaciones cooperativas se asocian a la concentración de importantes grupos de trabajadores lo que seguramente se relacione también con lasformaciones sindicales (ferrocarril, frigoríficos, gráficos, textiles).

Lo que hoy conocemos estrictamente como «cooperativas» surgen con mayor firmeza en 1920, lideradas por las cooperativas de consumo y luego la de los funcionarios ferroviarios, y los de UTE.

Durante la década de 1940 hubo varios intentos legislativos e institucionales (que no llegaron a plasmarse en hechos) que intentaron darle un marco jurídico más amplio al movimiento cooperativo.
1920 Se propone crear el Instituto Nacional Cooperativo.
1923 Se plantea crear un régimen legal de cooperativas.
1923 Creación del Instituto cooperativo Rural.
1926 Ley general de cooperativas.
1927 Proyecto de Ley de Cooperativas Agrarias.
1931 Régimen jurídico de las Sociedades cooperativas.
1937 Ley sobre Sociedades Cooperativas.

Posteriormente se van definiendo formal y jurídicamente las diferentes modalidades cooperativas que existen en el país:

1941 Cooperativas Agropecuarias (incluye agroindustriales).
1946 Cooperativas de Consumo.
1966 Cooperativas de Producción (trabajo).
1968 Cooperativas de Vivienda.
1971 Cooperativas de Ahorro y Crédito.

Cuando el país comienza a legislar sobre el sector cooperativo, ya existen numerosas formas cooperativas, las que rápidamente se “legalizan” y así es conformado lo que hoy es el cooperativismo en Uruguay en cuanto a tipos de entidades. Desde el punto de vista jurídico la evolución antes mencionada es completada de la siguiente manera:

En 1966 se sanciona la ley 13481 sobre Cooperativas de producción y trabajo.
En 1968, la ley 13728 da marco legal al cooperativismo de vivienda.
En 1971 se regulan las cooperativas de ahorro y crédito por medio de la ley No. 13988.
En 1988 la ley 14827, regula las cooperativas agroindustriales.

A partir de 1984 se avanza hacia la articulación de tercer grado del Movimiento Cooperativo Uruguayo. En agosto de ese año se convoca en Paysandú un encuentro de varias cooperativas de diferentes modalidades acordándose convocar un Encuentro Nacional. En octubre se crea la Mesa Nacional Inter cooperativa y en marzo de 1985, se evalúa la actuación de la Mesa y se acuerda constituir una Confederación. En ese período ya existen Mesas de Coordinación Departamental o Regional funcionando en varios puntos del interior del país.

A partir de esta iniciativa se concretó la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas (Cudecoop), cuyo documento fundacional se firmó en junio de 1988 (Bertullo et al., 2004).

Una de las iniciativas más importantes del período, referida a las políticas públicas, fue la creación de la Dirección Nacional de Fomento Cooperativo (dnfc), en 1985. Establecida en la órbita del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social por el primer gobierno posdictatorial, esta dirección fue la primera en la historia de la administración pública en tener el carácter de unidad ejecutora con potestad de injerencia en el desarrollo de actividades en el sector y con un presupuesto asignado para llevarlas adelante (Martí et al., 2008). Las principales actividades de la dnfc estaban referidas a la promoción y la capacitación, aunque también desarrolló tareas de investigación. Uno de los productos más importantes en esta área fue el Censo Nacional Cooperativo, realizado en colaboración con el Instituto Nacional de Estadística (ine), la Universidad de la República (Udelar) y la Mesa Nacional Intercooperativa (Errandonea y Supervielle, 1992).

Un capítulo aparte merecería el considerar el papel de las cooperativas durante el período dictatorial (1973- 1984). De este período es necesario mencionar que las cooperativas en todas sus formas sufrieron daños, ya sea por la obstaculización a su desarrollo, como por la persecución o la violencia a la que fueron sometidos los cooperativistas. No obstante para el movimiento cooperativo existe un balance favorable en el sentido que se logró una acumulación de fuerzas, que permitió que estas organizaciones fueran verdaderas “islas de libertad” en plena dictadura, aportando en muchos casos propuestas autónomas y ejerciendo formas de organización y poder popular.

Posteriormente, por decreto n.º 128/91, del 6 de marzo de 1991, se creó la Comisión Honoraria del Cooperativismo (CHC) en el ámbito de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (opp) de la Presidencia de la República. Un rasgo característico que tuvo esta comisión fue su conformación mixta con miembros designados por el Poder Ejecutivo y del sector cooperativo.

Sin embargo, y más allá de la voluntad y esfuerzo de sus responsables, los resultados de la CHC fueron magros, fundamentalmente debido a la casi nula asignación de recursos para instrumentar tan vastos objetivos (Cibils, 2007).

Sobre fines de esta etapa se aceleró el proceso de surgimiento de cooperativas a partir de la recuperación, por los trabajadores, de empresas capitalistas quebradas. Diversos estudios muestran que, ante una situación crítica de la empresa, los trabajadores se resistieron a aceptar el cierre de esta y se movilizaron para evitar la pérdida de la fuente de trabajo (Mallo y Rieiro, 2011; Martí et al., 2005; Rieiro, 2009).

Si bien esta forma de creación de cooperativas no es una novedad en la historia económica del Uruguay, se aceleró a fines del siglo xx y comienzos del nuevo milenio. Una veintena de unidades productivas quebradas fueron recuperadas bajo la modalidad de cooperativa entre 1997 y 2004 (Martí et al., 2014).

A comienzos del nuevo milenio cuando explotó la crisis originada en los procesos de liberalización y de apertura de la economía iniciados décadas atrás. Contribuyó a esto la estrategia de integración regional con la creación del Mercado Común del Sur (Mercosur) en 1991, que dio lugar a políticas de más apertura y menor regulación, en el marco de la integración comercial con la región. Con vaivenes a partir de 1995 y decididamente en 1998, la economía uruguaya ingresó en una fase recesiva. En 2002 se produjo una crisis que golpeó sobre toda la economía nacional (Finch, 2005). El movimiento cooperativo fue revalorizado en el Uruguay poscrisis. Incluso en el gobierno de Jorge Batlle (2000-2005), de orientación neoliberal, el ministro de Industria Energía y Minería José Villar apoyó algunos procesos de recuperación de empresas quebradas, bajo la forma de cooperativas de trabajo.

A partir de la llegada del Frente Amplio al gobierno en 2005 se abrió una nueva etapa en las políticas públicas dirigidas al cooperativismo. En esta, los procesos no han dejado de ser complejos e incluso han tenido importantes contradicciones. Sin embargo, no han sido pocas las iniciativas de los gobiernos frenteamplistas para el fomento del cooperativismo, tanto en el plano normativo como en el de las políticas y programas. En primer lugar debe señalarse la consagración de la Ley General de Cooperativas, n.º 18407, reclamada desde hacía más de veinte años por el movimiento cooperativo. Esta ley, además de dotar a la legislación cooperativa de una estructura articulada y coherente, establece la creación del Instituto Nacional de Cooperativismo (INACOOP), con participación del Gobierno y del movimiento cooperativo.

Otra política pública referida a las cooperativas de trabajo es la creación del Fondo para el Desarrollo (Fondes) a partir de la modificación de la carta orgánica del Banco de la República (brou) por el artículo 40 de la ley n.º 18716. El Fondes tiene como objetivo apoyar a los emprendimientos autogestionarios, particularmente las empresas recuperadas por los trabajadores. El decreto 341/011 del 27 de setiembre de 2011 estableció que su financiación estaría dada por el 30 % de las utilidades del brou. El mismo decreto en su artículo 3, estableció que su prioridad es el apoyo a emprendimientos económicos con participación de sus trabajadores en la dirección y en el capital de las empresas.

También hay que reconocer un avance en la coordinación con el Estado y dentro del Estado. Se establecen claramente dos organismos públicos para la promoción y el contralor: el inacoop y la Auditoría Interna de la Nación (ain), respectivamente, aunque sigue siendo extremadamente débil la articulación entre dichos entes y el resto del sistema público. Algunas medidas adoptadas por el inacoop, de bajo impacto, han sido la constitución de una red de referentes interministeriales, así como la activa participación en el gabinete de trabajo.

Este texto fue realizado a partir de los documentos: «El Cooperativismo en Uruguay» realizado por Jorge Bertullo, Gabriel Isola, Diego Castro y Milton Silveira y «El significado y el proceso del cooperativismouruguayo a treinta años del trabajo» de Juan Pablo Terra.

Visita de Líber Seregni a la fábrica CODARVI. Año 1972 (aprox.)