Desde hace varios años, en función de sus problemas de financiamiento y estabilidad laboral, un grupo de cooperativas de trabajo vinculadas a la División de Espacios Públicos de la Intendencia de Montevideo se organizaron y conformaron una corporación, una nueva forma jurídica de carácter empresarial que se pueden dar las cooperativas de acuerdo a lo establecido en la ley 18407. Esta nueva organización, que lleva el nombre de Corporación Urbana de Cooperativas, está integrada actualmente por nueve cooperativas, de las cuales ocho están en una situación de incertidumbre en cuanto a la permanencia de sus fuentes de trabajos debido a los atrasos administrativos de la propia intendencia.
Estas cooperativas han logrado el apoyo necesario para continuar con su proyecto de corporación a partir de un convenio marco entre la Intendencia de Montevideo (IM) y los ministerios de Trabajo (MTSS), Industria (MIEM), Desarrollo Social (MIDES) e Instituto Nacional de Cooperativismo (INACOOP), firmado a principios del año 2012. A partir de allí surge el compromiso, por parte de la IM, de mantener los cerca de 30 convenios de las cooperativas de trabajo, que actualmente involucran a casi 400 trabajadores.
Al día de hoy, los avances han sido muy escasos y, en algunos casos, nulos. Actualmente, en 14 convenios de servicios se está trabajando sin firmar los convenios, lo que se traduce en 132 trabajadores que no tienen fecha próxima de cobro de salarios ni los correspondientes aportes por parte de las cooperativas (BPS, FONASA, BSE, DGI). Esta situación mina la confianza en el sistema, ya que no se conocen por parte de la FCPU casos de empresas capitalistas en igual situación.
En la semana del 18 al 22 de marzo se realizaron gestiones entre la corporación, la Federación de Cooperativas de Producción del Uruguay (FCPU) y el Instituto Nacional del Cooperativismo (INACOOP) ante la Intendencia de Montevideo para encontrar soluciones definitivas a este problema. La Intendencia, que sostiene que el problema es de carácter administrativo, ratificó la voluntad política de apostar a los emprendimientos cooperativos.
Sin embargo, los problemas administrativos se suceden, el tiempo pasa y las demoras afectan a quienes no tienen otro sustento que el que surge del trabajo. Las demoras en un trámite implican demoras en los cobros de las cooperativas, y las facturas que la intendencia no paga -en algunos casos por convenios sin firmar hace más de siete meses- no tienen otro destino que pagar los salarios y los aportes de sus trabajadores.
Ante este estado de situación, la corporación comenzó a analizar la realidad de cada una de las cooperativas. De allí resultó que, en virtud de que la renovación del convenio de vigilancia del Paseo Frugoni aún no ha sido tramitado, y dado que el mismo vence el próximo 31 de marzo, la Cooperativa ALBORADA ha decidido dar de baja a los trabajadores que cubrían dicho servicio, sin siquiera la posibilidad de mandarlos al seguro por desempleo, siendo que los trabajadores no acumulan los jornales mínimos, al tratarse de un convenio reciente.
La Corporación Urbana y la FCPU esperan que en el plazo de la primera semana de abril surjan soluciones concretas. Sobre todo, porque el próximo lunes 8 de abril varias cooperativas socias de la corporación estarían enviando a sus trabajadores al seguro por desempleo. Esa medida, sumada a las responsabilidades que deben asumir las propias cooperativas ante el Banco de Previsión Social (BPS), Dirección General Impositiva (DGI) y Banco de Seguros del Estado (BSE), llevaría a su cierre definitivo, con la lamentable pérdida de cientos de puestos de trabajo.
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